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El Senado de Italia niega fondos para la seguridad motociclista

Fotos: Google Images
ANCMA, la asociación de la industria motociclista italiana, solicitó una subvención para los usuarios motociclistas que adquirieran equipamiento de seguridad especial, como protectores de espalda o prendas con air-bag, pero el Senado italiano se la ha negado.

Las secuelas de la crisis económica lastran muchas iniciativas en pro de la seguridad. En Italia, el Senado ha rechazado la creación de un fondo presupuestario dotado con 2,5 millones de euros para subvencionar a los usuarios que adquieran protectores de espaldas y prendas motociclistas equipadas con air-bag. La iniciativa partía de ANCMA, la asociación gremial del sector, y pretendía compensar a la industria motociclista la rebaja del 50 por ciento en la adquisición de este tipo de elementos de seguridad por parte de los usuarios.

Sin embargo, el Senado se ha visto forzado a rechazar la propuesta, obligado por la Ley de Estabilidad de 2017, que condiciona enormemente cualquier clase de inversión o subvención. Italia tiene que realizar un ajuste de 26.500 millones de euros, y cada céntimo de gasto ha de ceñirse a la severidad de estas medidas económicas.

La propuesta llegó como consecuencia de la publicación de un informe sobre eficacia de medidas preventivas de seguridad, desarrollado en Italia entre 2011 y 2013 por el Istituto Superiore di Sanità (la Sanidad Italiana). El estudio recogió tres mil casos de accidentes en carreteras interurbanas, y demuestra que la ausencia de protectores de espalda o dispositivos air-bag en el equipamiento, multiplica por tres el riesgo de sufrir lesiones medulares. El 63 por ciento de los traumatismos graves de columna se atribuyen a la falta de esos sistemas de seguridad, cuyo uso reduciría las lesiones graves en un 60 por ciento.

La ANCMA estaba dispuesta a invertir 2,5 millones de euros aplicando ese 50 por ciento de descuento, que permitirían cubrir a 50.000 usuarios este mismo año. El coste de los accidentes motociclistas (sanidad, falta de productividad, daños morales), supera los 3.500 millones de euros al año en el país transalpino.

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