AEA opina acerca de la pegatina de la DGT y su posible fraude

Fue en de abril de 2015 cuando la DGT sacó una instrucción, que resultaría en resolución y fue publicada en el posterior BOE del 21 de abril de 2016, donde “clasificaba” el parque automovilístico en función de sus supuestas emisiones contaminantes en el Registro de Vehículos. La puedes leer aquí en su integridad, y la instrucción previa aquí . Es en el Anexo VIII donde se especifican los “adhesivos identificadores en función de las emisiones”. Lo aprobó la DGT que entonces dirigía María Seguí (con gobierno del Partido Popular) y aquí está el primer fallo de la administración en este asunto.

Según Mario Arnaldo de Automovilistas Europeos Asociados la DGT no tiene entre sus competencias la clasificación técnica de vehículos: eso es cosa del Ministerio de Industria (no Interior). Las “pegatinas” empezaron ya con mal pie. El segundo error es que, si bien en esa publicación del BOE los distintivos se especifican (allí estaban los de los coches, los de las motos saldría dos años más tarde) por tipo de vehículo y según homologación Euro, a la hora de adjudicar la pegatina se utiliza la fecha de matriculación entendiendo que según ésta era de aplicación una u otra norma Euro.

Pero esto no es así siempre: muchos vehículos cumplían el siguiente tramo Euro antes de que éste fuera obligatorio, por ejemplo. Y a sus dueños, cuando piden la etiqueta y ven que no es la “suya” (o no tienen), se les obliga a pedir un certificado al fabricante y hacer la gestión con DGT para que les adjudiquen la etiqueta correcta. Dos gestiones que no son gratuitas (tiempo aparte). En el caso de los coches ha habido decenas de miles de afectados, y sabemos que entre las motos también hay muchos afectados por este caso, o porque la DGT no tuviera actualizados los archivos de modelos de algunas marcas. Segunda “chapuza” en el tema de las pegatinas, además con reincidencia (lo hicieron mal en coches y luego de nuevo en motos).

Muchos coches y motos no tenían bien asignada su pegatina

Hay más. La tercera irregularidad es legal respecto de nuestros derechos como ciudadanos: cualquier acto administrativo que afecta o puede afectar a los derechos individuales debe notificarse individualmente. Por ejemplo: cuando se revisa el catastro nos llega una carta avisándolo (puesto que afecta a varias cosas, como el IBI que pagamos). Si fuera imposible realizar el aviso se podría autorizar una notificación por boletín público, pero no es el caso: cada vehículo está identificado y su propietario también. Recuerda que a través de la aparentemente inocente pegatina te pueden impedir utilizar tu vehículo, limitando tu libertad y modificando su valor. Tal como se ha hecho, nadie ha podido ejercer su derecho de recurso, nadie ha podido presentar un escrito exponiendo su disconformidad con la etiqueta que le ha tocado.

Sigamos: la etiqueta en sí. No está bien regulado quién es el órgano responsable de emitirla, qué características técnicas debe tener, en qué material debe estar realizada. Las de la ITV, por ejemplo, lo están y se sabe que sólo un centro autorizado oficial (ITV) puede dártela. En teoría y según la instrucción citada de la DGT el soporte debía ser emitido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre en poliéster transparente y con algunas medidas de seguridad, como un número de serie único. Pero ahora mismo en Correos las hacen, también algunas gestorías y talleres, y no todos usan el mismo tipo de papel en nuestra experiencia, incluso hemos encontrado problemas para obtener una de moto con adhesivo para interior de parabrisas cuando la ley lo permite en ese caso (si la quieres poner por dentro de la pantalla por ejemplo).

En algunas motos ya hemos visto que no aguantan los lavados… ¿Qué te impide hacer un escaneo y hacerte una en vinilo de mejor calidad en vez de pagar otros cinco euros por otra “mala” oficial?. El coste es otra cuestión muy irregular: no hay una “tasa”, porque no existe ley de tasas para las pegatinas. Solo sabemos que en Correos cuestan 5 euros y que en otros lados a eso te suman el coste del envío. Quedan más de 10 millones de vehículos por etiquetar en España y eso significa que hay más de 50 millones de euros “irregulares” que la Administración ha generado. ¿Quién se lo queda? ¿Por qué hubo 4 millones de vehículos que la recibieron gratuitamente en su domicilio hace tres años?

La DGT sabe que todo este asunto se hizo mal, nos consta que así es por fuentes internas. De todas formas tienen sus propios problemas, sin ir más lejos (además de todo lo dicho) con algunos coches híbridos CERO o ECO “injustos”, y se sabe que van a cambiar los criterios (no antes del nuevo Gobierno seguramente, claro). Veremos si a la tercera se hace mejor, y estaría bien que se revisara el reparto de las motos: no parece lógico que no haya ninguna ECO por ejemplo.