¿Airbag obligatorio para motoristas profesionales en Chipre?

Siempre resulta curioso ver cómo medidas de seguridad no se tienen en cuenta hasta que no son obligatorias por ley y el hecho de no cumplirlas implica ser sancionado. Esto es algo que vemos muy claramente, sin ir más lejos, en España donde el casco es obligatorio y todos (o el 99,9%) lo usan mientras que otros elementos de protección son prácticamente anecdóticos en un gran grupo de los usuarios de moto. Nadie pone en duda que un buen equipamiento con sus guantes, chaqueta, pantalones, botas y espaldera es eficaz en caso de caída, como tampoco nadie duda de las ventajas de los airbags. Pero desgraciadamente muchos no sólo es que no opten por usar airbag o espaldera, es que van alegremente en manga corta y sin guantes.

Es por eso, quizás, que una medida de obligatoriedad de los guantes esté retrasándose tanto y es que no será popular. Eso, además de las chapuzas que se habían puesto encima de la mesa en las que no se trataba de la homologación a cumplir por los guantes. Pero la cuestión es que mientras que en nuestro país todo está en el aire hay otros que cogen el toro por los cuernos y piensan en legislar para proteger a sus motoristas. Ese es el caso de Chipre, donde está a punto de aprobarse un, todavía, proyecto de ley que hará obligatorio tanto el uso del airbag como el resto de elementos de protección pasiva de los motoristas.

Eso sí, el equipamiento tendrá que ser homologado y consistirá, además del uso de casco, en chaqueta o cazadora con elementos reflectantes, pantalón y botas o zapatos, protección en las rodillas, en las caderas, protector de espalda, guantes y, por supuesto, el airbag. Lo más llamativo y a la vez importante de este proyecto de ley es que está centrado en los motoristas profesionales, pero no estamos hablando de los pilotos de competición sino de aquellos trabajadores que tienen la moto como parte de su actividad profesional.

Serán los empleadores quienes tengan que asumir los costes como si de otro tipo de EPI se tratase y no hay distinción entre ciclomotores, motos o scooters, todos estarán obligados. De hecho, para asegurarse que se cumplirá la futura ley, los empresarios cuyos trabajadores no la cumplan recibirán una multa de hasta 1.500 euros y hasta seis meses de prisión.

Como era de esperar, este proyecto de ley ha suscitado cierto recelo por parte de diferentes organizaciones y entre ellas el CMRC (Cyprus Motorcycle Rights Club) que ha denunciado el coste y la complejidad de todo el equipo pero, especialmente, un aparente vaguedad a la hora de definir que es un “conductor profesional” lo que podría generar muchas dudas. Tras ser aprobado por el Consejo de Ministros de Chipre, ahora solamente falta que reciba la luz verde en el congreso chipriota para que sea una realidad.