La situación que han ido arrastrando diferentes autopistas de peaje desde que comenzó la crisis económica a finales de la década pasada, unido al sobrecoste de las expropiaciones de los terrenos cuando se construyeron, han llevado a la quiebra a ocho de ellas. Esto supone el 25% de las autopistas de peaje españolas, aunque se da la circunstancia que la mayor parte de las mismas son las denominadas radiales, que se construyeron en torno a Madrid.
El Ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha reconocido que el Estado asumirá el control de las autopistas quebradas, aunque aún no se ha definido la manera en la que se hará, puesto que algunas de ellas, como la R5 y R3 pasarán a manos del Estado el próximo verano.
Aún así, se da la circunstancia de que todas las autopistas quebradas, R-2, R-3, R-4, R-5, AP-41 Madrid-Toledo, M-12 Eje Aeropuerto, Cartagena-Vera y Ocaña-La Roda han aumentado su tráfico en los últimos años y que incluso alguna de ellas ya no genera pérdidas.
A pesar de los trámites burocráticos y las diferentes maneras en las que se puede llevar a cabo el acuerdo del cambio de titularidad, se estima que el desembolso total será cercano a los 5.000 millones de euros. Lo que sí está asegurado es que las ocho autopistas continuarán funcionando, aunque no se ha especificado si al ser nacionalizadas pasarían a ser de libre circulación para el uso y disfrute de todos los conductores o continuarían siendo de pago con los sistemas actuales.
Por el momento, se desconocen los planes finales del Estado en el rescate de las autopistas de peaje y si estas volverán a ser privatizadas una vez saneadas sus cuentas, pero contrasta la gran suma de dinero de la que se hará cargo teniendo en cuenta las carencias en conservación que sufren la gran mayoría de las carreteras públicas debido a los recortes llevados a cabo en los últimos años.
