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El motociclismo español al borde de la crisis por la suspensión de las elecciones

Fotos: RFME
La paralización del proceso electoral podría dilatarse mientras el Juzgado número 12 de Valencia no resuelva si la suspensión es definitiva o no, una situación que pone la actividad motociclista en España al borde de la crisis.

El Juzgado número 12 de Valencia tiene en su mano que el motociclismo español entre en una severa crisis o no. La suspensión del proceso electoral en la Federación Española, que podría extenderse semanas o meses, ha enquistado las relaciones entre la mayoría de las federaciones autonómicas y la propia federación española que, todavía desde la comisión gestora, sigue presidiendo Ángel Viladoms. Al parecer, la tensión entre partidarios de uno y otro candidato (a Viladoms le apoyaron siete de las 18 federaciones, frente a las once que respaldaron al otro candidato, Manuel Casado) ha llevado a que los apoyos de Casado se planteen no albergar carreras del Campeonato de España en 2017.

Este reto supone dejar fuera del calendario a Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana (las tres con mayor número de licencias nacionales), Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Cantabria, Canarias, Melilla, Aragón y País Vasco. A Viladoms sólo le respadan Galicia, Asturias, Navarra, La Rioja, Baleares, Murcia y Ceuta.

El pasado 22 de noviembre se reunió la comisión gestora de la RFME para, entre otras cosas, aprobar el informe jurídico sobre el que se basaba la denuncia presentada contra la Federación Territoral Valenciana por presunto fraude electoral, denuncia que fue presentada en el juzgado por el secretario de la RFME sin que el informe que la sustanciaba hubiera recibido el visto bueno de la comisión gestora.

En esencia, el proceso se ha paralizado porque en el censo de pilotos, compuesto de 1.088 nombres, figuraban ocho personas sin licencia que no podían concurrir a las elecciones. Un censo, por otra parte, sobre el que inicialmente se presentaron alegaciones por figurar tres pilotos sin licencia en 2016 (y por tanto sin derecho a voto), pero la RFME no corrigió las alegaciones, y posteriormente llegaron las denuncias en las que se implicaban a esos ocho pilotos.

Otra irregularidad cometida por la Federación Española fue la presentación de un informe jurídico ante la Junta Electoral, sin que estuvieran presentes el mínimo de tres miembros requeridos para dicha situación.

Al final, el proceso electoral se ha interrumpido por un error que afecta únicamente a uno de los estamentos de la Asamblea General, donde están representados pilotos, cargos deportivos, pilotos de alto rendimiento, y federaciones, y precisamente en el estamento de pilotos donde la candidatura de Casado ha obtenido una amplia mayoría de respaldos: 297 frente a los 69 conseguidos por Viladoms. Casado también obtuvo el respaldo mayoritario en los otros tres estamentos.

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