El Supremo, contrario a compensar las pérdidas de las radiales

La sala tercera del Tribunal Supremo ha rechazado el recurso presentado el pasado mes de enero por AMSA, concesionaria de las autopistas radiales de peaje R-3 y R-5, que consideraba necesario ser compensada por la baja afluencia de tráfico en ambas vías. El Supremo, en una larga sentencia de 31 páginas, argumenta que esa escasez de tráfico no es razón suficiente para modificar el contrato de concesión ni “le libera de cumplir lo estrictamente pactado, ni consiguientemente le faculta para apartarse del vínculo contractual o para reclamar su modificación”, dice el tribunal.

Además, la sentencia hace referencia a otra resolución similar dictada en 2014 sobre una reclamación de la concesionaria de la R-4, que se quejaba por la inversión y mejora de la A-4 realizada por la Administración una vez puesta en marcha la autopista de peaje, y exigía una compensación. En ese caso, también se rechazó la demanda. La reclamación presentada por las concesionarias de la R-3 y R-5 también iba en ese mismo sentido.

Mientras tanto, el Ministerio de Fomento sigue sin encontrar la fórmula para salvar de la quiebra a las ocho autopistas de peaje afectadas. Las concesionarias, constituidas en su mayoría por constructoras, quieren que la Administración asuma el pago de 4.500 millones de euros como responsabilidad patrimonial, aunque las cifras que maneja la patronal del sector de la construcción, SEOPAN, es incluso superior. El Ministerio de Fomento intenta crear una sociedad de titularidad pública que rescate estas vías, condicionándolo a una quita del 50 por ciento de la deuda y un pago a largo plazo. Sin embargo, dos juzgados mercantiles de Madrid han rechazado esta propuesta, y en el caso de la AP-36 (Ocaña-La Roda), se ha ordenando la liquidación de la concesionaria, aunque el Ministerio ha impugnado la resolución.

La pelota está en el tejado de la banca, principal acreedor, que no ha manifestado una postura común respecto al plan presentado por el Gobierno, aunque estas últimas decisiones judiciales representan un escollo para conseguir alcanzar el convenio.