No hace muchas semanas avisábamos de este problema en una columna de opinión y la cosa no sólo no se ha arreglado, sino que va a peor. El problema viene de lejos porque ser examinador nunca ha sido ningún “chollo” para ningún funcionario dentro de la DGT. Los voluntarios deben pasar 11 semanas de formación específica, estar las jornadas de exámenes en la zona de exámenes haga frío o calor, acompañar a los alumnos en las pruebas (con cierto riesgo), y además enfrentarse eventualmente a ellos o sus acompañantes si la prueba no resulta en aprobado (con más riesgo todavía).
Todo esto, por menos de cien euros extra al mes sobre el sueldo de funcionario de base, como decimos no parece ningún chollo. Menos si comparamos con lo que cobra la DGT por la tasa de examen (90 euros) y que en promedio se suelen hacer unos 12 exámenes al día por funcionario. Según la CNAE (Confederación Nacional de Autoescuelas) la DGT ingresó en 2016 más de 114 millones de euros por este concepto, y estiman que al descontar los gastos de personal y organización le quedó al organismo público en torno a 70 millones de beneficio. Un buen negocio, pero del que sólo se aprovecha la entidad.
En 2015 la cosa llevó a una primera huelga. La Administración se comprometió entonces a mejorar las condiciones, pero ahora sabemos que esa mejora estaba relacionada con otras negociaciones de más colectivos internos de funcionarios. No sabemos cómo les habrá ido a los otros, pero los examinadores no han visto cambios en su situación y, dos años después, cumplen su amenaza de hacer paros parciales. Están de huelga los tres primeros días de cada semana de junio y julio, y ya han dejado sin examinar a más de 5.000 alumnos. Si el tema no se arregla, podríamos tener más de 100.000 conductores pendientes de examen a final del verano.
Las Autoescuelas han sido lógicamente las primeras en poner el grito en el cielo, y de hecho ya convocaron esta primavera algunas movilizaciones avisando del problema. En su momento se quejaron que desde la crisis no se habían renovado los examinadores (son ahora 751 contando coordinadores, y eran más de 900) y que seguían con unas condiciones laborales indignas de su responsabilidad. El problema es que es una cadena: si no hay exámenes las autoescuelas lógicamente no podrán aceptar más alumnos. Y si no se obtienen carnés, muchas tiendas tendrán operaciones paralizadas pendientes de que su cliente obtenga el deseado carné para poderse llevar su nueva moto en marcha.
