La DGT utiliza a la hora de medir velocidades en los radares, tanto fijos como móviles, los márgenes de error de una recomendación elaborada por AENOR en 1992, cuando debería fijar los establecidos en la normativa vigente (Orden ITC/3123/2010, de 26 de noviembre).
Los márgenes de error recogidos en la recomendación de 1992 son inferiores a los de la normativa actual y por ello más perjudiciales para el conductor. Si la DGT aplicara correctamente la normativa, muchas sanciones verían reducidas sus cuantías y su gravedad.
Un ejemplo real de esta mala aplicación de los márgenes de error es el siguiente. Un conductor fue cazado por un radar móvil circulando a 153 km/h en una vía cuya limitación era de 120 km/h. Tras ello, fue sancionado con una multa de 300 euros y la pérdida de 3 puntos en su carnet.
Como la Jefatura de Tráfico no había aplicado los márgenes de error estipulados en la norma ITC 3123/2010, en su denuncia no hay prueba de la velocidad real a la que circulaba el conductor. Si los márgenes hubieran sido aplicados correctamente la multa se hubiera reducido de 300 a 100 euros y no se habrían quitado puntos, según el cuadro de sanciones del anexo IV de la Ley de Seguridad Vial.
Recurrida la multa, llegando incluso a los tribunales, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo otorgo la razón al denunciante al considerar que se debe computar el margen normativo de error en los radares a los utilizados a la normativa ITC/3123/2010 y, además, han de incluirse en el atestado inicial o en ampliación posterior. Cuando no se aporten o no haya un cálculo preciso se usará el mayor porcentaje posible contemplado en la norma.
