El sentido común es el menos común de los sentidos, reza un refrán. Y como suele ser habitual, tiene gran parte de razón. Y es que muchas veces las soluciones pasan por ser acciones lógicas que, mediante un pormenorizado estudio, pueden contentar a todas las partes.
Valga como ejemplo el Plan PIVE. El Gobierno español invirtió 1.115 millones de euros y recaudó diez mil millones de euros, la mitad directamente del IVA. Si a cualquier empresario le dices que por cada euro que invierta va a tener de beneficio 4,5 euros, le faltaría tiempo para firmar.
Por ello la Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori (ANCMA) ha lanzado una propuesta al viceministro de Economía y Finanzas, Luis Casero, así como al vicepresidente de Transportes, Vicenzo Garofalo, para reducir el precio de adquisición de prendas de protección para motoristas como son los protectores de espalda y las prendas con airbag incorporado.
Estamos hablando de un colectivo de más de 8 millones de motocicletas y ciclomotores de los cuales, en el 2014, fallecieron 814 personas y 55.000 necesitaron atención médica. En el caso concreto de las lesiones de espalda, si se usan protecciones específicas se reduce un 40% las posibilidades de tener daños en la columna pero, por contra, sólo una cuarta parte de los motoristas la usan.
Por ello ANCMA propone que los precios de estas protecciones cuenten con beneficios fiscales que permitan disminuir su precio en un 50% y, con ello, que puedan ser adquiridas por todo el mundo. Y esto se haría con una partida presupuestaria de 2,5 millones de euros.
Pero al contrario de lo que podemos pensar, los ahorros para el estado serían mucho mayores. En concreto sería de casi diez veces más pues con un uso generalizado de estas protecciones, los gastos sanitarios se reducirían en 21 millones de euros.
Ahora falta ver si la propuesta sale finalmente hacia adelante o como ocurre normalmente, quede todo en agua de borrajas.
